En los últimos años, distintos procesos judiciales contra líderes y movimientos de izquierda en la región comparten un patrón que rara vez se analiza en conjunto: el mismo tipo de asesoría legal, la misma retórica de “lucha contra la corrupción” y, en varios casos, financiamiento o coordinación que cruza fronteras. Lo que se presenta ante la opinión pública como procesos judiciales independientes y técnicos, examinado de cerca, revela nodos de una red que conecta bufetes de abogados, think tanks y operadores políticos con intereses alineados en Washington, Miami y capitales europeas.
Para Brecha, mapear esta red no es una acusación gratuita: es un ejercicio de rigor documental que sigue el dinero, los contratos y las coincidencias temporales entre casos judiciales y momentos electorales clave. El objetivo del Monitor de Injerencia y Redes de Poder es precisamente eso —convertir la sospecha difusa en evidencia verificable, nombre por nombre, contrato por contrato.
