Cada búsqueda, cada like, cada minuto de scroll en una plataforma digital genera datos que no se quedan en el país donde se producen: viajan a servidores en Estados Unidos o Europa, se procesan bajo marcos legales ajenos a la región, y terminan alimentando modelos de negocio —y de inteligencia artificial— sobre los cuales los gobiernos y ciudadanos latinoamericanos no tienen ninguna injerencia. Esta asimetría no es accidental: es la continuación, en clave digital, de una relación extractivista que Latinoamérica conoce bien desde hace siglos, solo que ahora la materia prima no son los minerales o el petróleo, sino el comportamiento humano convertido en mercancía.
Frente a este panorama, la discusión sobre soberanía de datos ha ganado terreno en varios países de la región, con propuestas que van desde exigir que las empresas almacenen datos localmente, hasta impulsar infraestructura pública o cooperativa que reduzca la dependencia de Big Tech. Para Brecha, este debate conecta directamente con la pregunta de fondo que atraviesa el Observatorio: no se trata solo de proteger la privacidad individual, sino de disputar quién controla las condiciones materiales —servidores, cables, algoritmos— sobre las que se construye el debate público del siglo XXI.
